lunes, 18 de julio de 2016

A tener en cuenta cuando despachamos ejecución de intereses


Defecto de forma.- La parte ejecutada alega como primer motivo de oposición a la ejecución despachada, defecto de forma, por entender que el ejecutante, en su demanda pretende fijar unos intereses ilíquidos y al mismo tiempo exigir su pago, no existiendo el título que pretende ejecutar, el cual no reúne los requisitos legales para llevar aparejada ejecución, por no contener una deuda líquida, vencida y exigible, tratándose de un cauce inadecuado que vulnera el principio de legalidad y le genera indefensión.

Debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento de ejecución tiene su origen en una Sentencia de 1 de septiembre de 2014 (posteriormente confirmada en apelación), en cuyo Fallo se condena a la demandada, ahora ejecutada, a satisfacer a la actora, ahora ejecutante, la cantidad de 29.587,32 euros, más los intereses legales.

La parte ejecutada consignó el principal, de 29.587,82 euros, el 25 de noviembre de 2014.

La ejecutante, en la demanda de ejecución interesa el despacho de ejecución de la Sentencia por la suma de 2.470,13 euros, correspondientes a los intereses legales que impone aquella, presentando en el escrito de demanda ejecutiva la correspondiente liquidación, calculada desde el 25 de octubre de 2012 (fecha de la demanda inicial de procedimiento monitorio), hasta el 25 de noviembre de 2014 (fecha de la consignación del principal).

La cuestión planteada por la parte ejecutada, de defecto de forma y de no existir título que lleve aparejada ejecución, por tratarse de los intereses no liquidados, ya ha sido resuelta en diversas ocasiones por la jurisprudencia. Cabe citar, por tratarse de un supuesto muy similar al presente, el Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6ª, de 18 de octubre de 2012, en el cual se establece lo siguiente: “La representación de XX interpuso demanda de ejecución de la sentencia dictada en apelación por esta Sección en fecha 26 de octubre 2010, dimanante de autos de juicio ordinario núm. 17/08 del Juzgado de Primera Instancia 9 de Vigo en la que se condenó a la aquí ejecutada, a pagar a la ahora ejecutante, una suma de principal más los intereses del art. 20 LCS desde la fecha del siniestro, esta Sección fijó el principal en 24.573,86 euros, manteniendo los demás pronunciamientos de instancia. Con estos presupuestos se presentó demanda ejecutiva solicitando se fijasen los intereses, de acuerdo con el desglose que se acompaña y la consiguiente propuesta de liquidación, en la cantidad de 19.219,77 euros, invocando, al efecto, los art. 549 y 712 LEC. El juzgado de instancia, considerando que la reclamada es una cantidad determinada, conforme a lo establecido en el art. 572 LEC , despachó ejecución por la suma solicitada, sin perjuicio de las posteriores liquidaciones que pudieran corresponder, lo que se puso en conocimiento de la ejecutada, que se opuso a la ejecución alegando falta de titulo ejecutivo de la ejecutante, en base a considerar que no se había cumplimentado el trámite de los art. 712 y sig LEC, y que, a su juicio, la única cantidad líquida sería la fijada en concepto de principal, que ya fue entregada a la ejecutante. La ejecutante impugnó la oposición y el juzgado dicto el Auto objeto de apelación en el que rechazó la oposición y ordenó continuar con la oposición. Resolución que se recurre en apelación por la representación de la entidad ejecutada, reproduciendo sus alegaciones, dado que insiste en la inexistencia de titulo ejecutivo que fije la liquidación de intereses objeto de ejecución, lo que le causa indefensión ya que se han vulnerado los art. 571 , 572 y 712 y sig. LEC, pues considera que la única cantidad liquida y determinada es la fijada en concepto de principal en la sentencia dictada en grado de apelación, dado que los intereses deben ser liquidados siguiendo los trámites establecidos en el último precepto citado, consideraciones que le llevan a solicitar que se revoque el auto apelado y que se deje sin efecto la ejecución despachada, imponiendo las costas a la ejecutante. SEGUNDO.- En primer lugar estimamos que ninguna indefensión se le ha ocasionado a la apelante con la tramitación seguida, ya que con el despacho de ejecución se le dio traslado de la liquidación de intereses, oponiéndose la ejecutada por motivos de forma y sin y hacer alusión alguna sobre la corrección o no del importe de la liquidación presentada. En contra de lo alegado en el escrito de apelación, estimamos que es titulo suficiente para instar la ejecución la sentencia firme cuya ejecución se solicita, pues no solo condena al pago de una cantidad de principal, sino también, de los intereses devengados por dicha suma, en este caso los referentes al art. 20 LCS ; bastando con acompañar a la demanda ejecutiva la preceptiva liquidación de intereses, pues es a la ejecutante a quien corresponde practicarla y no al juez, limitándose éste a pronunciarse sobre la corrección de su importe, aprobándola en el mismo juicio de ejecución cuando no existe oposición por la ejecutada, o a dictar sentencia en el correspondiente juicio verbal caso de existir oposición de la ejecutada. Es cierto que la ejecución dineraria solo puede despacharse por cantidad liquida (art. 571 LEC), entendiendo como tal, según el art. 572-1º, toda aquella que se exprese en el título con letras, cifras o guarismos compresibles, pero también es cierto que dicha norma no puede interpretarse de modo aislado y restrictivamente, porque de este modo solo se podría despachar ejecución por la cuantía concreta y determinada en el título obviando toda posibilidad para aquellas otras cantidades susceptibles de liquidar mediante una sencilla operación aritmética, en base a las premisas o parámetros que directamente se declaren en el título cuya ejecución se pretenda, especialmente referido al supuesto de los intereses vencidos al momento de presentar la demanda. Lo contrario supondría no tener en cuenta otras normas, que aplican el criterio jurisprudencial de liquidez, así, entre otras, la STS de 14 de marzo de 2000 expresa que "es cantidad liquida no sólo cuando se pide una cantidad determinada, sino cuando se pueda fijarse por una operación matemática sin necesidad de otro genero de prueba". En fin, que ha de considerarse cantidad liquida aquella derivada de una sentencia judicial que se pueda establecer a través de un mecanismo de integración del título ejecutivo, mediante simples operaciones aritméticas, tras haberse precisado con claridad y precisión, como es el caso, las bases para su liquidación (art. 219.2 LEC), pues en estos casos únicamente hay una mera concreción de los intereses, cuantificables conformes al titulo judicial que los reconoce, sin más. Así las cosas, en línea con el acuerdo adoptado el 23 de noviembre 2010 en Junta de Magistrados del orden civil de esta Audiencia Provincial de Pontevedra, no es necesario acudir al incidente que regula los artículos 712 y sig. LEC , pues se trata de intereses vencidos al presentarse la demanda ejecutiva, que se han calculado de acuerdo con los parámetros del art. 20 LCS , desde el momento en que la sentencia autoriza su devengo y hasta la fecha del dictado de la sentencia en segunda instancia, además de líquidos por las razones que ya hemos expuesto en el precedente, de manera que la cantidad objeto de ejecución solo seria susceptible de impugnarse vía oposición a la ejecución que se despachada, conforme a los art. 556 y sig. LEC , especialmente el ejecutado pudo fundarla en el contenido del art. 558, oposición por pluspetición, si es que la cuantificación de intereses arroja, por ejemplo, una cantidad superior a lo realmente devengado. De manera que resultaría absurdo denegar la ejecución solicitada y remitir a las partes al procedimiento del art. 712 LEC , o que es lo mismo, exigir a las partes iniciar un incidente previo para concretar el importe de los intereses moratorios vencidos, cuando, como hemos apuntado, en la propia ejecución se pueden ventilar los posibles motivos de oposición que el deudor pueda objetar a la liquidación realizada. Consecuencia de lo expuesto se rechaza el recurso y se confirma la resolución de instancia, pues el titulo ejecutivo esgrimido por la ejecutante es suficiente para despachar la ejecución, sin que sea de apreciar infracción de precepto legal alguno de la ley procesal; pues encontrándonos ante un supuesto de liquidación de intereses fijos que derivan de una sentencia firme el artr. 549.5 LEC permite la ejecución en los términos que ha sido practicada, o lo que es lo mismo en los propios términos que autoriza la sentencia firme que se ejecuta”.

La fundamentación jurídica del Auto trascrito es plenamente aplicable al supuesto de litis, y por consiguiente, no cabe estimar este motivo de oposición, entendiendo que la sentencia que condena a una cantidad más los intereses legales constituye título ejecutivo para reclamar los intereses correspondientes, ya vencidos, sin necesidad de acudir al trámite de los arts.712 y ss LEC, y sin que se cause indefensión alguna a la ejecutada, al incluirse en el escrito de demanda ejecutiva, la correspondiente liquidación de intereses cuya ejecución se interesa.


Pluspetición.- La parte ejecutada alega en segundo lugar, como motivo de oposición, pluspetición. Lo que expone la ejecutada en su escrito de oposición sobre esta cuestión es que los intereses a los que fue condenada son los intereses legales, es decir, los del art.576 LEC desde la fecha de la sentencia, y por consiguiente, conforme a la liquidación que presenta, ascenderían a 418,22 euros.

 Como ya se dijo en el fundamento anterior, la parte ejecutante liquida los intereses desde la fecha de la interposición de la demanda de monitorio (25 de octubre de 2012) hasta la fecha de la consignación del principal por la ejecutada (25 de noviembre de 2014).

Sobre esta cuestión debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que cuando la sentencia en el Fallo condena a una determinada cantidad, más los intereses legales, estos son los que corresponden conforme a las leyes, no sólo los intereses procesales del art.576 LEC que corresponden por imperativo legal. Tal y como expone la ejecutante, la liquidación que presenta responde a la liquidación de intereses moratorios por aplicación del art.1108 CC, tratándose estos de intereses legales (previstos legalmente). Sobre la aplicación de estos intereses, cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2013, según la cual: "En este sentido, debe traerse a colación la doctrina de esta Sala, que no considera justificación razonable la que se sustenta en el mero hecho de haber sido fijada definitivamente la deuda objeto de condena en sentencia pues, tras la eliminación del automatismo del brocardo in iliquidis non fit mora [deuda no líquida no genera mora], la no-liquidez no es incompatible con la imposición de intereses, y la discrepancia de las partes sobre la cuantía de la deuda no convierte en necesario el proceso para liquidarla, en la medida que la sentencia que fija el importe debido no tiene carácter constitutivo, limitándose a declarar un derecho que ya entonces pertenecía al perjudicado (SSTS de 1 de febrero de 2011; 9 de marzo de 2011; 26 de mayo de 2011; 18 de octubre de 2011; 15 de diciembre de 2011; 31 de enero de 2012, entre las más recientes)". 

Por tanto, existiendo en la sentencia en ejecución, condena a los intereses legales, aún cuando la cantidad concreta adeudada por la demandada se hubiese determinado en dicha resolución, atendiendo a la escasa consistencia de la oposición, tal y como se deduce del contenido de las Sentencias dictadas, tanto en primera como en segunda instancia, y a la escasa diferencia entre la cantidad inicialmente interesada por la actora y la que fue objeto de condena, se ha de  admitir que el interés legal al que condena la Sentencia respecto del principal, es el interés legal de los arts.1100, 1101 y 1108 del CC. En cuanto al dies a quo del devengo, habrá de estarse a lo que dispone el antes citado art.1100 del CC, y atendiendo a que reclamación se hizo ya en el proceso monitorio, debe tomarse por tanto la fecha de esa demanda, 25 de octubre de 2012, tal y como realiza la parte ejecutante. 

Por todo lo expuesto, se estima correcta la liquidación de intereses efectuada por la ejecutante en su demanda ejecutiva, sin que pueda estimarse la oposición por pluspetición.

miércoles, 1 de julio de 2015

Principio acusatorio

El TC ha establecido que la acusación debe ser previamente formulada y conocida (art. 24.2 CE), con la evidente finalidad de que se puede ejercitar el derecho de defensa (STC 18 de Abril de 1985); debe darse oportunidad para que el acusado presente prueba de descargo sobre la acusación formulada (STC 6 de Febrero de 1984); el sistema acusatorio impone una contienda procesal entre dos partes netamente contrapuestas, acusador y acusado, resuelva por un órgano que se coloca por encima de ellos (STC 7 de Mayo de 1987).

En definitiva: nadie puede ser condenado sin que se formule una acusación previa a la que tenga conocimiento con antelación suficiente para poder defenderse. Además, supone el deber de congruencia entre la acusación y el fallo; y que el debate contradictorio ha de recaer sobre los hechos y sobre su cualificación jurídica.

El principio acusatorio admite y presupone el derecho de defensa del imputado y, en consecuencia, la posibilidad de contestación o rechazo a la acusación: manifestar ante el juez los propios argumentos e indicar los elementos fácticos que constituyen su base y ejercitar una actividad plena en el proceso.

Viene a ser cumplido siempre que en el juicio se de oportunidad al acusado para presentar las pruebas de descargo sobre la acusación “allí” (en el juicio) formulada. El auto de procesamiento tiene como única virtualidad la de dirigir el procedimiento, separar las partes acusadoras de las acusadas y ordenar la adopción de medidas cautelares, sin ningún tipo de vinculación posterior cara al Juicio Oral y en la línea de que en el ese Juicio Oral es donde se produce la auténtica aportación de la prueba y el auténtico debate contradictorio con igualdad de  oportunidades entre las partes, siendo toda la fase sumarial solo de mera preparación de la prueba que se aportará al juicio oral (STS de 5 y 8 de Mayo de 1987).

El principio acusatorio viene a ser el único límite que los Tribunales penales tiene, pues, quienes conforman un Poder, con mayúsculas, han de tener poderes, con minúsculas.

Aún con tales corolarios, se entiende que hasta el dictado de la STC de 25 de Junio de 2009 se daba una confusión en cuanto a la interpretación plena del principio acusatorio en relación al derecho a la defensa así como al derecho a un juez imparcial. Esta resolución del TC viene a resolver en amparo contra dos sentencias cuya base de recurso era la infracción del principio acusatorio al imponerse una pena de mayor gravedad y de distinta naturaleza que la solicitada por el Ministerio Fiscal (pena impuesta que es de distinta naturaleza a la pedida por la acusación); e infracción del deber de motivación de la sentencia dado que no razona tal imposición superior.

La STC 155/2006 de 25 de Junio viene a denunciar que la inaplicación del principio acusatorio supone que se trastoque el papel que cada una de las partes tienen en el juicio, pues si el juez impone una pena mayor, ocupa el lugar del fiscal, conculcando el principio de imparcialidad (objetivo y subjetivo) que ha de presidir en el juzgador. Asimismo, este principio acusatorio está íntimamente relacionado con el derecho a la defensa, pues si no es debidamente informado carecerá de las armas necesarias para su defensa.

El TC con esta resolución ha tratado de avanzar más en la protección de los derechos de defensa del imputado en el proceso penal de forma tal que, por el principio de congruencia ínsito en el principio acusatorio, se sienta doctrina en el sentido de que no se podrá imponer pena que exceda por su gravedad, naturaleza o cuantía, de la pedida por las acusaciones, con independencia del tipo de procedimiento.

Si la contradicción se plantea entre las pretensiones punitivas realmente pedidas por la parte que ejerce la acusación, el juez queda compelido por la misma con independencia de que se pudiera hipotéticamente imponer una pena mayor en su gravedad, naturaleza o cuantía aplicando el tipo penal que se imputa.

Sinopsis, en la segunda mitad de este post, sobre el artículo “Apuntes jurisprudenciales sobre el principio acusatorio y su aplicación por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, de Dña. María José Carazo Liébana, publicado en el nº 14/2014 de Revista de Estudios Jurídicos de la Universidad de Jaén. 

viernes, 29 de mayo de 2015

Sucedió esta semana, amigos…


El abogado apoyó los codos en su mesa y se medio incorporó, para acercarse tanto como pudiera a su cliente, espatarrado en el sillón, la viva imagen física de la insolencia e indolencia cocinadas a fuego lento.

—La demanda de reclamación de cantidad por las lesiones y secuelas que sufriste y sufres a raíz del accidente de tráfico ocurrido en fecha XXXXX está lista; lo que pasa es que el informe médico pericial del Doctor XXXXX, el nuestro, está sin firmar. Tienes que pagarle los XXX € del informe para que me remita una copia del mismo firmado.

—Pues presenta la demanda con el informe sin firmar, así no le pago un céntimo —replicó tan ufano el cliente.

Aquellas palabras surtieron idéntico efecto que si hubieran inyectado ácido en el estómago del abogado.

—Un poquito de respeto por el trabajo de los demás, querido cliente. Cuando trabajas, te gusta que te paguen, ¿no?

lunes, 25 de mayo de 2015

Exceptio non (rite) adimpleti contractus

La Jurisprudencia respecto a la teoría de la exceptio non rite adimpleti contractus establece (Sentencia Audiencia Provincial de Pontevedra 11 de febrero del 2009) que: “La viabilidad de la excepción de incumplimiento contractual exige la concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) que las prestaciones debidas por ambas partes guarden entre sí una mutua dependencia o reciprocidad; 
b) que una de ellas reclame de la otra el cumplimiento de la que le corresponde; 
c) que la parte reclamante no haya cumplido ni ofrecido cumplir la que le incumbe; 
d) que el interpelado no venga obligado a cumplir anticipadamente, 
y e) que la oposición de la excepción no contradiga las exigencias de la buena fe. 

Constituye presupuesto esencial de la exceptio non adimpleti contractus oponible a la acción de cumplimiento contractual que el reclamante no haya cumplido su prestación. Como dice la sentencia de 1 de marzo de 1993 , «en las obligaciones recíprocas, sin cumplir no se pueden exigir las de la contraparte». A la inejecución de la prestación se asimila o equipara, conforme a una reiterada jurisprudencia, de la que son exponente, entre otras muchas, las sentencias de 7 de mayo de 1993, 10 de noviembre de 1994 y 17 de mayo de 1995 , la realización por el actor de una prestación diversa de la comprometida, que comprende tanto los casos de entrega de una cosa distinta de la pactada, como los de inhabilidad de la entregada al fin propio de su destino, con la consiguiente insatisfacción del acreedor.

La excepción de cumplimiento inadecuado o de contrato no cumplido regularmente (excepcio non rite adimpleti contractus) constituye, como se ha visto, una variante de la excepción general de incumplimiento contractual (exceptio non adimpleti contractus), con idéntica apoyatura legal, por la que, como se ha dicho, «cuando el demandante sólo ha cumplido la prestación a su cargo parcialmente o de manera defectuosa, el demandado puede rehusar su propia prestación hasta que la primera haya sido cumplida totalmente o ejecutada de forma rigurosa, rectificando de modo pertinente los defectos que la prestación presentaba». En principio, de la variante non rite no se derivan consecuencias sustantivas y procesales distintas de las que determina la excepción general. En una y otra, la ejecución de la prestación reclamada al demandado queda en suspenso, diferida o condicionada a la total y exacta realización simultánea por parte del actor de la prestación que correlativamente le incumbe. La diferencia entre ambas excepciones radica en sus presupuestos, pues, mientras la exceptio non adimpleti contractus supone que el actor no ha cumplido ni ofrecido su prestación, la non rite adimpleti contractus supone que la ha realizado, pero inexactamente, de manera parcial o defectuosa. La identidad de efectos y diversidad de presupuestos aparece clara en la sentencia de 19 de noviembre de 1994 , cuando señala, en relación al arrendamiento de obra que «el dueño o comitente puede rehusar el pago del precio que se le reclame, tanto si el contratista no le ha hecho entrega o no le pone la obra a su disposición (exceptio non adimpleti contractus), como si solamente ha cumplido en parte o ha tratado de cumplir de un modo defectuoso su obligación de entrega (exceptio non rite adimpleti contractus)». Quizá deba añadirse a ella otra diferencia, en el orden probatorio, entre los casos de inejecución o ejecución incompleta y los de realización defectuosa de la prestación, puesto que, si el demandante corre, en los primeros, con la carga de probar el cumplimiento íntegro que se le cuestiona, es al demandado, en los segundos, a quien incumbe la prueba de las deficiencias o irregularidades que la prestación del actor presenta”.

jueves, 26 de febrero de 2015

¿Un beneficiario de justicia gratuita está obligado al pago de las costas procesales?

SAP Madrid de 18 julio 2007

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita comienza diciendo, en el número 2 del artículo 36, que:"Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita ...". Con lo que se prevé el supuesto de que en la sentencia que ponga fin al proceso se condene al pago de las costas procesales a la parte litigante que hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita . Y esto es así porque, en la sentencia que pone fin al proceso, tiene, en su caso, que imponerse las costas procesales a la parte litigante (demandante o demandado) que corresponda en aplicación de las reglas contenidas en los artículos 394 a 398 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siendo radicalmente indiferente el que esa parte litigante a la que se le imponen las costas tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita , extremo que ni siquiera debe hacerse constar al imponerse las costas .

Al supuesto referido en el inicio del número 2 del artículo 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita ("Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita ") se anuda la siguiente consecuencia jurídica:"... éste -quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita - quedará obligado a pagar... las -costas procesales- de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna...". Lo que ha suscitado la duda acerca de si, ante una sentencia firme que condena a la parte litigante que tenga reconocido su derecho a la asistencia jurídica gratuita al pago de las costas procesales, debe hacerse, por el Secretario del Tribunal, la tasación de costas (artículos 241 a 246 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil EDL) ante la solicitud de la otra parte litigante favorecida con la condena en costas . Duda que ha sido disipada por una constante doctrina jurisprudencial que se basa en la siguiente distinción:

1º. Cuando el condenado en la sentencia al pago de las costas procesales es una persona "que hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita ", tiene que hacerse la tasación de costas (sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 154/2004, de 23 de febrero de 2004 ,; 639/2003, de 18 de junio de 2003  ,; 132/2003, de 11 de febrero de 2003 ,; 303/2002, de 25 de marzo de 2002 ,; 1033/2001, de 30 de octubre de 2001  ,; 363/2000, de 3 de abril de 2000,; 1037/1999 de 23 de noviembre de 1999 ,). Si bien, en este caso, una vez aprobada la tasación de costas , no se procederá, para el cobro del crédito resultante de la misma, a su exacción por la vía de apremio, salvo en el caso de que el condenado al pago de las costas venga a mejor fortuna dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso.

2º. Cuando el condenado en la sentencia al pago de las costas procesales es alguien "que tiene legalmente reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita " ya ni siquiera debe hacerse la tasación de costas (sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 990/2004, de 8 de octubre de 2004 ,; 731/2003, de 9 de julio de 2003,; 420/2002, de 3 de mayo de 2002 ,; 1272/2001, de 27 de diciembre de 2001  ,; 16 de enero de 2001 EDJ 2001/1271 ,; 730/2000, de 18 de julio de 2000,; 746/2000, de 11 de julio de 2000). Así, respecto de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuyo reconocimiento legal del derecho a la justicia gratuita no se funda en la situación patrimonial de la misma, de ahí que no sea de aplicación la previsión del número 2 del artículo 36 de la Ley 1/1996 (venir a mejor fortuna en los tres años siguientes), que, en este caso, deviene inútil, pues nunca vendrá obligado al reintegro económico de las costas de la otra parte litigante, por lo que no debe hacerse la tasación de costas .

jueves, 12 de junio de 2014

Exenciones sobre las condenas en costas

Si le echáis una visual a los artículos 23.2.1, 31.2.1 y 818.2 (éste último para el monitorio) de la LEC 2000, podréis leer que la intervención de procurador y abogado no es preceptiva cuando la cuantía del procedimiento sea inferior a 2.000,00 € (según redacción vigente, porque antes el límite era de 900,00 €), tanto para el monitorio y el Verbal (aunque para la petición inicial de monitorio, nunca lo es)  por lo que, aunque ganéis con condena en costas (porque SSª no se entera), la parte condenada podrá alegar los artículos antes referenciados para daros con un canto en los dientes y vosotros, con lagrimillas en los ojos, seréis testigos de cómo vuestra tasación de costas acaba en la basura.

Pero, ¿hay alguna excepción? A buen seguro que durante la práctica os toparéis con reclamaciones de cuotas de comunidad de propietarios. En la inmensa mayoría, quedarán muy por debajo de ese límite de 2.000,00 € y, de acuerdo con lo anterior, pensaréis que no habrá tasación alguna que hacer…

PUES MUY MAL. En estos casos hay una excepción muy jugosa a la que tendréis que atender:

En el tema de Comunidades, aunque no sea preceptiva la intervención de tales profesionales, se pueden calzar las costas de acuerdo con la doctrina que emana de la SAP Tarragona de 22 de Febrero de 2005, cuyo extracto uno a continuación:

«Ahora bien, debemos significar que el procedimiento en que se solicita la inclusión de honorarios de Letrado y derechos de Procurador, es un procedimiento monitorio regulado en los artículos 812 y siguientes de la L.Enj.Civil, al que se puede acudir para reclamar el pago de derechos que se acrediten a través de certificaciones en concepto de gastos comunes de Comunidades de Propietarios de inmuebles urbanos, estableciéndose en la Disposición Final Primera de la L.Enj.Civil que modifica el art. 21 de la Ley 40/1960 de 21 julio de Propiedad Horizontal en el sentido de que aunque no hubiera sido preceptiva la intervención de Abogado y Procurador en los casos de que en un proceso monitorio se utilizasen los servicios profesionales de abogado y procurador para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad, y puesto que se ha obtenido una sentencia favorable, habiendo existido oposición, se incluirán los honorarios de Abogado y los derechos del Procurador, ello constituye una excepción a lo establecido en el art. 241.1º L.Enj.Civil que considera tales partidas como incluidas en el concepto legal de costas sólo en la medida en que sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador en el proceso y en el art. 32.5 L.Enj.Civil con arreglo al cual cuando la intervención de Abogado y Procurador no es preceptiva se excluirán sus derechos y honorarios de la condena en costas.

El régimen excepcional no acaba aquí, sino que se extiende al declarativo común surgido tras la oposición del deudor. En efecto, como es sabido, en el proceso monitorio, si el deudor formula oposición, se instaura un juicio común, ordinario o verbal. En el Juicio verbal no es preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador cuando su cuantía no exceda de 901,52.-euros (150.000.-ptas.); pues bien, por aplicación de lo establecido en el último inciso del apartado 6 del precepto, cuando el deudor resulta totalmente vencido, deberá incluirse los derechos y honorarios devengados por la intervención de los profesionales, a pesar de no ser preceptiva su intervención.»

Hala, a ser felices.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

¿Es posible una condena en costas a alguien con el beneficio de la justicia gratuita?

Sabiendo que SSªs van a su bola, es más que posible que sí. No hay nada que les impida poner “Se hace expresa condena en costas a…” sin preocuparse de su estado, pero la cosa es que mejor que te vayas olvídando de presentar tasación porque te la van a derribar a la primera.

Alguien con dicho beneficio, al igual que no abona los honorarios de su abogado y procurador por asumirlos la Administración, por supuesto que no va a rascarse los bolsillos en vuestro caso. No tiene obligación.

Fastidia, pero es así.

jueves, 31 de octubre de 2013

Dichosos clientes

Me parto el culo con nuestros clientes. Os trascribo una conversación que acabo de mantener, hoy, 31 de Octubre de 2013:

“-Es que tengo que hablar con él […], bueno, mañana, estaréis abiertos, ¿no?
-Pues no. Algunos tenemos que ir al cementerio, por desgracia.”

Pero, ¿la peña de qué coño va? ¿Tenemos que estar abiertos hasta en un festivo nacional como es el 1 de Noviembre, Todos los Santos?

martes, 22 de octubre de 2013

¿En el límite del tercio de la cuantía impuesto por el artículo 394 de la LEC, el I.V.A debe ser tenido en cuenta dentro de ese límite?

La SAP Pontevedra de 16 de noviembre de 2006, indica que “El art. 394.3 LEC dispone que el litigante vencido "sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieran obtenido tal pronunciamiento". Esta Sala, de forma reiterada, se ha adscrito a la tesis de que el IVA es un concepto incluible en la tasación de costas a abonar por la parte vencida y condenada a su pago, precisamente porque es un concepto incluible en el de costas procesales. Pues partiendo de esta tesis, a la cual la parte impugnante también se apunta cuando reclama el pago del IVA, la interpretación literal de la norma, y su finalidad que, parece clara en el sentido de impedir que, por uno u otro concepto, la condena del obligado al pago de las costas supere el límite de la tercera parte de la cuantía del proceso, se añaden otras dos razones, que pueden considerarse decisivas, y que expresa adecuadamente la SAP de Asturias de 2 marzo 2006:
1º) Por un lado, que es reiterada la jurisprudencia que ha venido incluyendo el IVA correspondiente a los honorarios de Letrado en las tasaciones de costas, como formando parte integrante de las mismas (sentencias, entre otras muchas, de 18 de abril de 2000, 26 de noviembre de 2003, 5 de julio y 9 de diciembre de 2004); de tal modo que si ese IVA es una parte de las costas "de las que corresponden a los abogados", habrá de sujetarse al repetido límite, en virtud del claro mandato legal; y
2º) También es pacífica la jurisprudencia expresiva de que el titular del crédito al pago de las costas es la parte que venció en el pleito y obtuvo a su favor la condena a su abono, y no su Letrado. Pues bien, aquél vencedor pagará a su abogado lo que éste le facture de acuerdo con lo que entre ellos tengan pactado y por los conceptos que procedan, de una u otra índole, pero únicamente podrá repercutir al vencido una suma que no exceda de ese tercio, sin que sea admisible que desglose lo abonado por IVA, cuando, como se dice, forma parte de esas costas, para luego aplicarlo a la suma resultante y así superar ese tercio.”

Lo curioso del tema es que tu Colegio, lo más seguro, considere que en el límite del 1/3 no afecta el IVA, que es un concepto que ha de ir separado.

viernes, 18 de octubre de 2013

Delitos privados, semipúblicos y públicos serían los siguientes:

1.- Los delitos privados son los de calumnia e injurias.Se inicia por el perjudicado y si éste perdona al agresor o renuncia, el fiscal no puede continuar.

2.- Los delitos semipúblicos son los delitos de agresiones, acosos y abusos sexuales; descubrimiento y revelación de secretos; calumnias e injurias contra funcionarios, autoridades o agentes de la misma; abandono de familia; daños causados por imprudencia; y delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial y a los consumidores. Se requiere denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (no lo puede iniciar nadie más al margen del perjudicado), pero cuando se da el perdón del ofendido o de su representante legal el ministerio fiscal puede continuar el procedimiento, si así lo considera pertinente, y no aceptar el perdón. Por ejemplo, en los delitos o faltas contra menores o incapacitados (artículo 130.5, párrafo 2º del CP).

3.- Finalmente, los delitos públicos (que puede denunciar cualquier persona) son el resto de los tipificados en el Código Penal. Se puede iniciar de oficio el procedimiento, por el ministerio fiscal o cualquier ciudadano español.


miércoles, 2 de octubre de 2013

¿Te ha dado con la puerta en los morros la Administración al resolver, con razón, que has presentado un recurso de Alzada fuera de plazo, declarando firme el acto y dando fin a la vía administrativa?

Pues lo llevas crudo, chaval, si tu intención es presentar un recurso contencioso administrativo, mejor que te ahorres tiempo y dinero.

A la siguiente doctrina del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 12 de Diciembre de 2011:

Debemos destacar la Sentencia de esta Sala y Sección de 10 de febrero de 2011 (rec. cas. núm. 2232/2006), dictada en un supuesto muy similar al presente, que también recoge la evolución doctrinal producida y que literalmente dice: 

«TERCERO.- En supuesto similares al que nos ocupa, este Tribunal viene reiteradamente pronunciándose en el sentido de que solo puede discutirse la cuestión de fondo después de que, examinadas las causas o motivos de inadmisión opuestas, se constate la concurrencia de los requisitos de procedibilidad, como es, en este caso, la observancia del plazo en la interposición de los recursos administrativos procedentes para agotar, en debida forma, la vía económico administrativa. En definitiva, la caducidad que pretende que se aplique por ser una cuestión de orden público no puede aplicarse a un acto administrativo firme. Por eso, entrar a conocer el tema de la caducidad o las cuestiones materiales planteadas sin haber examinado y resuelto antes el tema de la extemporaneidad del recurso de alzada, -con la consiguiente posible firmeza del acto administrativo, en este caso la resolución del TEAR-, sería tanto como invertir el orden lógico de los conceptos y dejar sin resolver una cuestión, que, por ser presupuesto previo e inexcusable para poder examinar cualquier otro, afecta directamente al sentido del pronunciamiento de la parte dispositiva de la sentencia.

Es de recordar que en nuestra sentencia de 5 de abril de 2005 (Rec. num. 8000/2000) EDJ 2005/55192 precisábamos que en el recurso jurisdiccional contra una resolución administrativa que aprecia la extemporaneidad del recurso administrativo la primera cuestión que debe examinarse es si tal declaración se ajusta o no a Derecho, y todo ello aunque se haya alegado una cuestión de orden público, como puede ser el tema de la caducidad y prescripción. Apreciada la inadmisibilidad del recurso aparece un óbice absoluto al examen de los motivos de fondo planteados.

No cabe alegar en contra la doctrina jurisprudencial que señala que el examen de los posibles motivos de nulidad de pleno derecho del acto o disposición impugnados es preferente al de las posibles causas de inadmisibilidad invocadas por la parte demandada, toda vez que puede encontrarse en la misma dos periodos, que pasamos a reflejar.

Ciertamente, un inicial criterio del Tribunal Supremo permitía examinar, con antelación al examen de las causas de inadmisibilidad del recurso, las nulidades absolutas, radicales o de pleno derecho, por cuanto ellas, al existir ya con anterioridad a la formulación del proceso, no precisan en realidad de éste, salvo para explicitar o hacer patente su existencia anterior. En este sentido podemos citar las sentencias de 3 de marzo de 1979, 18 de marzo de 1984, 22 de diciembre de 1986 EDJ 1986/8573 y 27 de febrero de 1991 EDJ 1991/2166, entre otras.

Ahora bien, no es menos cierto que una línea jurisprudencial más reciente viene manteniendo una doctrina distinta, al otorgar preferencia al examen de la inadmisibilidad del recurso, pudiendo citarse en este sentido las sentencias de 23 de noviembre y 7 de diciembre de 1993 EDJ 1993/11135, 18 de febrero de 1997 EDJ 1997/1048, 7 de diciembre de 2000 EDJ 2000/44793 y 20 de abril de 2001 EDJ 2001/9160. A tenor de esta doctrina, la pretendida o apreciada nulidad de derecho no es motivo para que deje de tenerse en cuenta la extemporaneidad del recurso, pues, siempre según la corriente doctrinal que se está exponiendo, si existe una nulidad de pleno derecho la vía a seguir para invocarla en cualquier momento es la que se encontraba establecida en el art. 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo EDL 1992/17271 (hoy 102 de la Ley 30/92 EDL 1992/17271). Por el contrario en el recurso contencioso-administrativo es obligado atenerse a las normas por las que se rige la sentencia.

En el presente caso la sentencia de instancia EDJ 2008/44834, en cuanto confirma la extemporaneidad del recurso de alzada interpuesto contra la resolución del TEAR y, por tanto, la resolución del TEAC, que apreció la inadmisibilidad, resulta ajustada a Derecho, pues la propia parte recurrente admite la extemporaneidad en la presentación del recurso de alzada. Ante la última doctrina jurisprudencial, si se aceptaba la extemporaneidad, hay que reconocer que el recurso jurisdiccional interpuesto por el recurrente carecía de sentido.

Esta doctrina arrastra la desestimación del primer y del tercer motivo, ya que en un recurso jurisdiccional contra una resolución administrativa que aprecia la extemporaneidad de una reclamación la primera cuestión que debe examinarse es si tal declaración se ajusta o no a Derecho, y todo ello aunque se haya alegado una cuestión de orden público. En cuanto al segundo de los motivos casacionales hecho valer, producida la declaración inadmisibilidad por extemporaneidad del recurso de alzada, que en la sentencia de instancia EDJ 2008/44834 se ratificó, pueda seguirse ningún reparo desde el principio constitucional de tutela judicial efectiva, puesto que conforme viene señalando el Tribunal Constitucional, "no pueden eficazmente denunciar la falta de tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos quienes con su conducta han contribuido decisivamente a que tales derechos e intereses no hayan podido ser tutelados con la mayor efectividad» ( STC 228/2006, de 17 de julio, FJ 5 EDJ 2006/112601; AATC 235/2002, de 26 de noviembre, FJ 3 b) EDJ 2002/114864; y 514/2005, de 19 de diciembre, FJ 5 EDJ 2005/237257). En el presente caso, el que no se admitiera el recurso y, por tanto, no se resolviera sobre el fondo, cuando existe un precepto claro y categórico sobre el plazo de impugnación, sólo fue debido a la propia conducta de la parte recurrente"».

Resulta, pues, patente y clara la doctrina que impide entrar en el estudio de una pretendida nulidad de derecho sin tener previamente en cuenta la extemporaneidad del recurso, pues la vía a seguir para invocar la posible causa de nulidad de pleno derecho en cualquier momento es la que se encuentra establecida en el art. 102 de la LRJyPAC, debiéndose recordar que en el recurso contencioso-administrativo es obligado atenerse a las normas por las que se rige la sentencia, y que el art. 28 de la LJCA EDL 1998/44323 no permite entrar a revisar actos firmes, confirmatorios de actos consentidos, pues la extemporaneidad del recurso de alzada supuso la firmeza de la actuación administrativa que se impugnaba. 

La conclusión es coincidente con el criterio de la sentencia recurrida EDJ 2008/44834, pues en el recurso jurisdiccional planteado ante la Audiencia Nacional contra una resolución administrativa que apreciaba la extemporaneidad del recurso administrativo, es innegable que la primera cuestión que debía examinarse por dicho Tribunal era si tal declaración se ajustaba o no a Derecho, y todo ello aunque se haya alegado, como también se hace en casación, la existencia de una cuestión de orden público, como puede ser la prescripción. Apreciada la pertinencia de la inadmisibilidad, aparece un óbice absoluto al examen de los motivos de fondo planteados.

Por estas razones, debe rechazarse el primero de los motivos casacionales planteados por el recurrente, así como el tercero, al hilo de lo argumentado anteriormente, pues resulta obvio que la declaración de extemporaneidad de un recurso administrativo, con las precisiones que más adelante se harán al respecto, impiden entrar a revisar las cuestiones de fondo planteadas, sean por la demanda o por el recurso de casación, no siendo ello un defecto de jurisdicción sino el cumplimiento de las reglas procesales impuestas por el ordenamiento jurídico ( arts. 25, 28, 68 y 70.1 de la LJCA EDL 1998/44323 ). 

Igual suerte desestimatoria debe producirse respecto al motivo segundo del recurso de casación, ya que la parte recurrente pretende obviar las normas procedimentales de forma interesada, pareciendo no tener en cuenta que la participación en un procedimiento administrativo se puede hacer por el propio interesado o por un representante debidamente nombrado y acreditado ante la Administración. En el presente caso, consta acreditado en el expediente seguido ante el TEAR de Cataluña que se dio una representación legal por medio de escritura de apoderamiento, otorgada el 1 de febrero de 2002, a don Eduard Vias Vilá, que actuó como representante en el procedimiento económico-administrativo, sin que conste renuncia o cese en momento alguno, no pudiendo el interesado posteriormente negar legitimidad a la notificación de la resolución de 7 de abril de 2005 del TEAR de Cataluña, que se practicó con dicho representante, siendo impertinente reclamar una notificación personal a conveniencia, en contra de la validez y eficacia del acto de comunicación con su representante, desoyendo lo dispuesto sobre la representación otorgada voluntariamente ( art. 46 de la LGT), sobre la representación en los procedimientos de revisión ( art. 214 de la LGT y art. 3 y 61 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo EDL 2005/54632 , con anterioridad el art. 33 del Real Decreto 391/1996 EDL 1996/14444), y sobre la notificación de los actos de los arts. 58 y 59 de la LRJyPAC, sin que ello implique ningún defecto formal y, menos aún, indefensión al contribuyente. 

CUARTO.- En atención a los razonamientos anteriores, procede declarar la desestimación del recurso de casación interpuesto por don Argimiro, lo que determina la imposición de costas al mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA. EDL 1998/44323

lunes, 9 de septiembre de 2013

Extrañas incongruencias en la redacción de Sentencias

Las Sentencias pueden adolecer de tres tipos de incongruencias bien curiosas:

1.- Ultra Petita. Concede más de lo pedido.

2.- Extra Petita. Se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes.

3.- Cifra Petita. Deja incontestadas y sin resolver algunas pretensiones sostenidas por las partes.

miércoles, 15 de mayo de 2013

¿Tienes problemas con las fechas de notificación vía LEX NET? Aquí tienes la respuesta a tus dudas


De acuerdo con el artículo 151.2 LEC, los actos de comunicación realizados a través de LEX NET deben ser tenidos por realizados al día siguiente al del que se produce la recepción, por remisión tanto al art. 162 como a la específica de este sistema de notificaciones.