miércoles, 18 de julio de 2018

Fuero en cuestiones de arrendamiento y desahucio

Resulta curioso que muchos contratos de arrendamiento contengan una cláusula de Fuero, por la que las partes determinan el partido judicial ante el que dirimirán cualquier problema de interpretación o efectos que devengan del contrato que les une.

Lo habitual, pues la propia dinámica de estos contratos de arrendamiento lo propicia, es que se señale aquel en el que el inmueble esté enraizado. Sin embargo, hay ocasiones en los que se señala uno diferente; esto se suele dar cuando el arrendador reside en otro partido judicial y pretende que todo se dirima ante los de su domicilio por serle “más cómodo y cercano”.

Hasta aquí no parece que haya nada que deba rechinar gran cosa, pues la Teoría de la Contratación dota a las partes de amplias facultades para determinar en el instrumento las obligaciones que consideren, siempre que las mismas no vayan contra la Ley. A pesar de que la disposición de un fuero distinto del que corresponde al lugar donde radique la finca podría entenderse como abusivo, no parece tanto, a priori.

Sin embargo, si opinamos así, como en tantas otras cuestiones relativas al Derecho, estaremos terriblemente equivocados. 

El art. 52.1.7º LEC dice: “En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, será competente el tribunal del lugar en que esté sita la finca”.

Y dicha norma ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, debiendo las partes someterse a dicho artículo incluso en los casos en los que el arrendador y arrendatario hayan pactado que las reclamaciones se presentarán ante un partido distinto al del objeto de contrato. Dicha cláusula de sumisión expresa a un fuero diferente conculcaría el art. 52.1.7º LEC aunque, en un principio, debería de estar amparada por el art. 1.255 CC. PERO NO LO ESTÁ.

Así que, en una demanda relativa a arrendamientos, SÍ O SÍ, la competencia territorial corresponde a los juzgados y tribunales del partido judicial donde radique el inmueble.

martes, 3 de julio de 2018

Denuncia o querella, ¿cuál corresponde a nuestro caso?

La diferencia entre ambos escritos siempre se nos olvida, al menos a aquellos que no trasegamos con el Derecho penal un día sí y otro también. Solo nos suele quedar el remanente de que la denuncia es un texto simple y la querella necesita de una mayor elaboración, con la inclusión habitual de Fundamentos jurídicos.

Y esta explicación va a ser espartana, sin contener todos los requisitos, pero que nos ayudará a plantar una semilla de comprensión:

Pues bien, la denuncia se entiende como la declaración de una persona que tiene conocimiento de la presunta comisión de un hecho delictivo público (tanto como perjudicado como tercero conocedor). Se puede presentar ante Juzgados, comisarías de la Policía Nacional y comandancias de la Guardia Civil.

La denuncia no implica que el denunciante quiera personarse como parte acusadora.

La querella, revistiendo una mayor complejidad que una simple relación de hechos, ha de interponerse ante el juez competente, con una manifiesta voluntad de ser parte acusadora en el procedimiento posterior.

jueves, 19 de abril de 2018

El pago «pro soluto» y «pro solvendo»

Hay términos jurídicos que siempre se nos atragantan, y lo hacen de mala manera. Buena parte de la culpa la tiene nuestro fácil acceso a la información a través de Internet, que permite que nada arraigue con fuerza en nuestra memoria.

Uno de tantos que siempre ando consultando, cada dos por tres, es la del pago pro soluto y pro solvendo. Y la cosa, al leerle, es fácil, simple, pero… Bueno, a lo que voy, que no es otra cosa que fijar en este blog la diferencia:

Pro solvendo: negocio  jurídico por el que el deudor propietario transmite a un tercero la posesión de uno o varios bienes, dotándole a este tercero de la facultad de proceder a su realización (venta, principalmente), con la obligación de que el resultado de las enajenaciones se destine íntegramente al pago de las deudas contraídas con el acreedor (ex. art. 1175 CC).

Pro soluto: negocio jurídico por el que el deudor transmite un bien o varios bienes de su propiedad al acreedor, considerándose pago y extinción del crédito.

Creo que sin rimbombancias queda bastante claro en su estructura, digamos, esquelética.

martes, 17 de abril de 2018

Análisis: Certificado de arquitecto para obra nueva

El certificado específico de técnico para la declaración de obra nueva (no estamos hablando, para estos efectos, del conocido como Certificado Final de Obra) ha de describir que la edificación nueva (concluida o en construcción) se ajusta al proyecto para el que se obtuvo la licencia de obra.

Siempre será preferible que sea elaborado y firmado por el arquitecto que redactó el proyecto y/o tuvo encomendada la dirección de la obra, pues cuenta con todos los datos requeridos con sólo revisar su propio archivo.

No basta con que el certificado vaya firmado por el técnico, sino exigiéndose que dicha firma sea legitimada ante notario, que puede ser tanto el que formaliza la escritura de declaración de obra nueva, como cualquier otro notario ante el que el arquitecto prefiera comparecer.

Este certificado, según el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, no requiere visado obligatorio.

Ex. Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

Artículo 45 Inscripción de obras nuevas

Los edificios o mejoras de los mismos que por accesión se incorporan a la finca, cuando se ejecuten conforme a la ordenación urbanística aplicable, serán inscribibles en el Registro de la Propiedad en virtud de los títulos previstos por la legislación hipotecaria. A tal efecto, deberá constar en los mismos, al menos, el número de plantas, la superficie de parcela ocupada, el total de los metros cuadrados edificados, y, si en el proyecto aprobado se especifica, el número de viviendas, apartamentos, estudios, despachos, oficinas o cualquier otro elemento que sea susceptible de aprovechamiento independiente.

Artículo 46 Requisitos para la inscripción del título

Para inscribir los títulos comprendidos en el artículo anterior será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Que se acredite la obtención de la licencia que corresponda, salvo que legalmente no fuere exigible.
2. Si el edificio estuviere en construcción, que se acredite por el técnico a que se refiere el artículo 50 que la descripción de la obra nueva, en cuanto a los extremos comprendidos en el artículo anterior, se ajusta al proyecto para el que, en su caso, se obtuvo la licencia.
3. Si el edificio se declarara concluido, el certificado deberá acreditar, además de lo previsto en los números anteriores, que la obra ha finalizado y que se ajusta, en cuanto a dichos extremos, al proyecto correspondiente.

Artículo 49 Certificado del técnico

La justificación por técnico competente de los extremos a que se refieren los artículos anteriores podrá hacerse:
1. Por comparecencia del técnico en el mismo acto del otorgamiento de la escritura o autorización del acta que, en cada caso, proceda.
2. Por incorporación a la matriz de la escritura o del acta de previa certificación del técnico, con firma legitimada notarialmente, que contenga la descripción de la obra nueva, coincidente con la del propio título en cuanto a los extremos que deben acreditarse.
3. Por la presentación de la certificación del técnico, con el carácter de documento complementario del título inscribible. En este caso, la firma del certificado debe ser objeto de legitimación notarial, y en su contenido se deberá hacer expresa referencia a la descripción de la obra en construcción o finalizada objeto de la escritura o del acta, así como el nombre del Notario autorizante, fecha del documento y número del protocolo.

Artículo 50 Técnico competente

A los efectos de lo dispuesto en este capítulo, se tendrá por técnico competente:
1. El que por sí solo o en unión de otros técnicos hubiere firmado el proyecto para el que se concedió la licencia de edificación.
2. El que por sí solo o en unión de otros tuviere encomendada la dirección de la obra.
3. Cualquier otro técnico, que mediante certificación de su colegio profesional respectivo, acredite que tiene facultades suficientes.
4. El técnico municipal del Ayuntamiento competente que tenga encomendada dicha función.



jueves, 1 de marzo de 2018

Análisis de la "segunda oportunidad"

La ley 25/2015, de 25 de Julio, denominada como de segunda oportunidad, modificó el acuerdo extrajudicial de pagos (arts. 231-242.bis LC) y completó el mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho de las personas naturales (178.bis LC), sean o no profesionales o empresarios.

Novedades en la Ley de Segunda Oportunidad

Tras la aprobación del RDL 1/2015, de 27 de Febrero, se ampliaron y flexibilizaron los acuerdos extrajudiciales de pagos incluidos en la Ley de Emprendedores, tratando de mejorar su eficacia y facilitar la reestructuración de deudas de una forma más razonable. 

Puntos a destacar:

Que en la nueva normativa las personas físicas (particulares y autónomos) también pueden acceder a estos acuerdos, además de los empresarios y empresas
La exoneración de todas las deudas aunque no se cubran con la totalidad de los bienes. 

Exenciones de IRPF

Se declaran exentas de IRPF las rentas que pudieran ponerse de manifiesto como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio, en un acuerdo extrajudicial de pagos o como consecuencia de la exoneración de deudas.

Expediente de acuerdo extrajudicial de pagos

Formulario en ORDEN JUS/2831/2015, de 17 de Diciembre https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-14225

1. La solicitud del deudor no empresario, tanto persona natural como jurídica, irá dirigida al notario correspondiente a su domicilio.
2. En caso de que el deudor sea empresario o entidades inscribibles en el Registro Mercantil podrá optar por dirigir la solicitud al registrador mercantil correspondiente a su domicilio o a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación cuando hayan asumido funciones de mediación de conformidad con su normativa específica o a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, de conformidad con el artículo 232.3 de la Ley Concursal.
3. La solicitud se podrá presentar a través de los medios electrónicos que se habiliten por los órganos indicados ut supra
4. La solicitud de iniciación del procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, así como los trámites notariales o registrales previstos en el artículo 233 para el nombramiento del mediador concursal, no conllevarán coste alguno para las personas naturales no empresarios.

El mediador se nombrará entre los adscritos al Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia.

Admitida la solicitud, se nombrará mediador concursal entre los adscritos al Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará la cuantía de las deudas y convocará al deudor y a los acreedores a una reunión que se celebrará dentro de los dos meses siguientes y que se notificará por medio de notario o por cualquier medio que asegure su recepción.

En la convocatoria  se indicará, además de fecha, hora y lugar, la identidad de cada uno de los acreedores convocados y la cuantía y detalles de la deuda. Una vez recibida la convocatoria, los acreedores voluntariamente quisieran intervenir en el acuerdo extrajudicial deberán comunicárselo expresamente al mediador en el plazo de un mes.

El mediador: 

Remitirá a los acreedores una propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos (plan de pagos y de viabilidad, así como una propuesta de cumplimiento regular)
Supervisará el acuerdo e instará el concurso en caso de incumplimiento del acuerdo.

Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor no puede realizar algo alguno de administración o disposición (no podrá solicitar préstamos ni créditos; deberá devolver las tarjetas, etc.); y los acreedores no podrán accionar judicial ni extrajudicialmente contra el patrimonio del deudor (aquel que accione ejecución no podrá participar del acuerdo). Tampoco podrá continuarse ejecuciones.

La propuesta (con quitas, esperas no superiores a 10 años, cesiones de bienes, etc.) se someterá a aprobación de la mayoría de los acreedores. En caso de no llegar a acuerdo en el plazo de dos años: se instará concurso de acreedores en el plazo máximo de diez días, ante el juzgado de lo mercantil del partido judicial donde reside la persona física deudoras.

El plan de pagos se acompañará de:

Un plan de viabilidad 
Una propuesta de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo, una cantidad que asegure la subsistencia del deudor y su familia y de la actividad que desarrollara.
Una propuesta de negociación de las condiciones de los préstamos

Los acreedores podrán presentar propuestas alternativas o de modificación en los siguientes diez días y, a su término, el mediador les presentará el plan de pagos final aceptado por el deudor.

Se entiende aprobado el plan de pagos por el voto favorable de, al menos, el 60% de la deuda; si el plan contempla la cesión de bienes del deudor, la aprobación ha de ser del 75%.

En caso de aceptación del plan, éste ha de ser elevado a público e insertado en el BOE y en el Registro Público Concursal. El acuerdo podrá impugnarse dentro de los diez días siguientes a la publicación por el acreedor que no hubiera sido convocado o no hubiera votado a favor del acuerdo, aunque esto no suspenderá la ejecución del acuerdo y, en caso de sentencia de anulación del acuerdo, ésta se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro Público Concursal, aunque será susceptible de recurso de apelación de tramitación preferente.

En caso de que los acreedores que representen a la mayoría de la deuda no quisieran continuar la negociación, se deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores.

Concurso consecutivo. Para las personas físicas no habrá posibilidad, llegado a este punto, a acuerdos con los acreedores; para las físicas el concurso es liquidatorio. En este concurso el mediador pasará a ser administrador concursal, presentando una propuesta de liquidación y si el deudor reúne las condiciones para beneficiarse de una exoneración de deudas (Segunda oportunidad).

La segunda oportunidad, excepción del art. 1911 CC de responsabilidad universal:

1. El concurso no debe haber sido declarado culpable ni debe haber sido condenado el deudor por el delito previsto en el 260 CP o por cualquier otro relacionado con el concurso.
2. Deben haber sido satisfechos los créditos contra la masa.
3. Deben haber sido satisfechos los créditos privilegiados
4. Si el deudor ha intentado sin éxito un acuerdo extrajudicial de pagos no tendrá que, además, abonar el 25% de los créditos ordinarios.

Quedan excluidas del beneficio aquellas personas que incurran en insolvencia punible o no tuvieron una actitud honesta, por lo tanto, se incluye un elemento ético.

El art. 178.bis.6 LC establece que el deudor se somete a un plan de pagos; si lo incumple, se librará en caso de haber destinado, al menos, la mitad de sus ingresos percibidos en dicho plazo.

lunes, 16 de octubre de 2017

Juicio Ejecutivo del Automóvil

El llamado Juicio Ejecutivo del Automóvil fue instaurado por el art. 10 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (Ley 1322/1962 de 24 de diciembre), es calificado por la doctrina como un juicio ejecutivo especial, pues las posibilidades de alegación no se hallan tan restringidas como en el juicio ejecutivo ordinario. La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, mantiene subsistente el procedimiento de ejecución forzosa equivalente al anterior Juicio Ejecutivo del Automóvil, al atribuir fuerza ejecutiva al Auto de Cuantía Máxima, o Auto Ejecutivo. El art. 517.2, al enumerar los títulos ejecutivos, lo incluye en su apartado 8: "8º El auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en casos de rebeldía del acusado o de sentencia absolutoria o sobreseimiento en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor". Asimismo, en este procedimiento, si el siniestro se produce por negligencia exclusiva del conductor de uno de los vehículos implicados, concurre respecto del conductor inocente, y, por extensión, de su aseguradora, la excepción de fuerza mayor ajena a la conducción del vehículo. 

Por tanto, puede considerarse como criterio consolidado que, al no ejercitarse aquí una acción de responsabilidad civil extracontractual, sino una acción ejecutiva, no puede recaer sobre el actor ejecutante, amparado por el título ejecutivo, la carga de probar la culpa del conductor del vehículo contrario, sino que la oposición al título ejecutivo impone al demandado ejecutado la carga de probar la causa que motiva su oposición. En consecuencia, es el demandado que alegue culpa (exclusiva o concurrente) del conductor contrario quien debe probarla. Lo que a su vez conlleva necesariamente que el mismo demandado debe probar su ausencia de culpa o negligencia, y la correcta conducción de su automóvil. Es decir, la vigente Ley 1/2000, dada su identidad procesal entre el anterior juicio ejecutivo del automóvil y el actual procedimiento de ejecución forzosa, exige que la demandada, haya probado inequívocamente la concurrencia de los requisitos sin los cuales no aflora la culpabilidad exclusiva del perjudicado. 

Para el éxito de la excepción de culpa exclusiva de la víctima se exige la concurrencia conjunta de los siguientes requisitos: 
a) Que la única conducta culpable sea la de la víctima. 
b) Que ésta sea exclusiva y excluyente, es decir, que el agente no hubiere incurrido en negligencia alguna, ni siquiera levísima. 
c) Que hubiese realizado una maniobra de evasión o fortuna para evitar o aminorar el daño o que ésta se hubiera omitido por resultar imposible. 

Por tanto, es preciso: 
1º) La incuestionable existencia de un actuar culposo o negligente atribuible a la víctima que explique causalmente el daño producido. 
2º) La actuación por el conductor del vehículo productor del daño que, en todo momento, ha debido cumplir rigurosamente todos los preceptos reglamentarios que le afectaban y, además, debe haber agotado cuantas posibilidades había para evitar el siniestro, de forma que su comportamiento quede exento de todo reproche. Por lo tanto, compete al demandado la carga de probar la causa de su oposición; en consecuencia, en el caso de la pluspetición por negligencia del perjudicado, debe el demandado probar tal extremo. 

El artículo 1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a motor, establece dos criterios claramente diferenciados según se trate de lesiones o de daños para la determinación de la responsabilidad, estableciendo para el primer supuesto "que en el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo puede quedar exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo, no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos", y para el segundo que "en el caso de los daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los artículos 1902 y ss. del C.C., art. 19 del C.P. y lo dispuesto en esta Ley".

lunes, 18 de julio de 2016

A tener en cuenta cuando despachamos ejecución de intereses


Defecto de forma.- La parte ejecutada alega como primer motivo de oposición a la ejecución despachada, defecto de forma, por entender que el ejecutante, en su demanda pretende fijar unos intereses ilíquidos y al mismo tiempo exigir su pago, no existiendo el título que pretende ejecutar, el cual no reúne los requisitos legales para llevar aparejada ejecución, por no contener una deuda líquida, vencida y exigible, tratándose de un cauce inadecuado que vulnera el principio de legalidad y le genera indefensión.

Debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento de ejecución tiene su origen en una Sentencia de 1 de septiembre de 2014 (posteriormente confirmada en apelación), en cuyo Fallo se condena a la demandada, ahora ejecutada, a satisfacer a la actora, ahora ejecutante, la cantidad de 29.587,32 euros, más los intereses legales.

La parte ejecutada consignó el principal, de 29.587,82 euros, el 25 de noviembre de 2014.

La ejecutante, en la demanda de ejecución interesa el despacho de ejecución de la Sentencia por la suma de 2.470,13 euros, correspondientes a los intereses legales que impone aquella, presentando en el escrito de demanda ejecutiva la correspondiente liquidación, calculada desde el 25 de octubre de 2012 (fecha de la demanda inicial de procedimiento monitorio), hasta el 25 de noviembre de 2014 (fecha de la consignación del principal).

La cuestión planteada por la parte ejecutada, de defecto de forma y de no existir título que lleve aparejada ejecución, por tratarse de los intereses no liquidados, ya ha sido resuelta en diversas ocasiones por la jurisprudencia. Cabe citar, por tratarse de un supuesto muy similar al presente, el Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6ª, de 18 de octubre de 2012, en el cual se establece lo siguiente: “La representación de XX interpuso demanda de ejecución de la sentencia dictada en apelación por esta Sección en fecha 26 de octubre 2010, dimanante de autos de juicio ordinario núm. 17/08 del Juzgado de Primera Instancia 9 de Vigo en la que se condenó a la aquí ejecutada, a pagar a la ahora ejecutante, una suma de principal más los intereses del art. 20 LCS desde la fecha del siniestro, esta Sección fijó el principal en 24.573,86 euros, manteniendo los demás pronunciamientos de instancia. Con estos presupuestos se presentó demanda ejecutiva solicitando se fijasen los intereses, de acuerdo con el desglose que se acompaña y la consiguiente propuesta de liquidación, en la cantidad de 19.219,77 euros, invocando, al efecto, los art. 549 y 712 LEC. El juzgado de instancia, considerando que la reclamada es una cantidad determinada, conforme a lo establecido en el art. 572 LEC , despachó ejecución por la suma solicitada, sin perjuicio de las posteriores liquidaciones que pudieran corresponder, lo que se puso en conocimiento de la ejecutada, que se opuso a la ejecución alegando falta de titulo ejecutivo de la ejecutante, en base a considerar que no se había cumplimentado el trámite de los art. 712 y sig LEC, y que, a su juicio, la única cantidad líquida sería la fijada en concepto de principal, que ya fue entregada a la ejecutante. La ejecutante impugnó la oposición y el juzgado dicto el Auto objeto de apelación en el que rechazó la oposición y ordenó continuar con la oposición. Resolución que se recurre en apelación por la representación de la entidad ejecutada, reproduciendo sus alegaciones, dado que insiste en la inexistencia de titulo ejecutivo que fije la liquidación de intereses objeto de ejecución, lo que le causa indefensión ya que se han vulnerado los art. 571 , 572 y 712 y sig. LEC, pues considera que la única cantidad liquida y determinada es la fijada en concepto de principal en la sentencia dictada en grado de apelación, dado que los intereses deben ser liquidados siguiendo los trámites establecidos en el último precepto citado, consideraciones que le llevan a solicitar que se revoque el auto apelado y que se deje sin efecto la ejecución despachada, imponiendo las costas a la ejecutante. SEGUNDO.- En primer lugar estimamos que ninguna indefensión se le ha ocasionado a la apelante con la tramitación seguida, ya que con el despacho de ejecución se le dio traslado de la liquidación de intereses, oponiéndose la ejecutada por motivos de forma y sin y hacer alusión alguna sobre la corrección o no del importe de la liquidación presentada. En contra de lo alegado en el escrito de apelación, estimamos que es titulo suficiente para instar la ejecución la sentencia firme cuya ejecución se solicita, pues no solo condena al pago de una cantidad de principal, sino también, de los intereses devengados por dicha suma, en este caso los referentes al art. 20 LCS ; bastando con acompañar a la demanda ejecutiva la preceptiva liquidación de intereses, pues es a la ejecutante a quien corresponde practicarla y no al juez, limitándose éste a pronunciarse sobre la corrección de su importe, aprobándola en el mismo juicio de ejecución cuando no existe oposición por la ejecutada, o a dictar sentencia en el correspondiente juicio verbal caso de existir oposición de la ejecutada. Es cierto que la ejecución dineraria solo puede despacharse por cantidad liquida (art. 571 LEC), entendiendo como tal, según el art. 572-1º, toda aquella que se exprese en el título con letras, cifras o guarismos compresibles, pero también es cierto que dicha norma no puede interpretarse de modo aislado y restrictivamente, porque de este modo solo se podría despachar ejecución por la cuantía concreta y determinada en el título obviando toda posibilidad para aquellas otras cantidades susceptibles de liquidar mediante una sencilla operación aritmética, en base a las premisas o parámetros que directamente se declaren en el título cuya ejecución se pretenda, especialmente referido al supuesto de los intereses vencidos al momento de presentar la demanda. Lo contrario supondría no tener en cuenta otras normas, que aplican el criterio jurisprudencial de liquidez, así, entre otras, la STS de 14 de marzo de 2000 expresa que "es cantidad liquida no sólo cuando se pide una cantidad determinada, sino cuando se pueda fijarse por una operación matemática sin necesidad de otro genero de prueba". En fin, que ha de considerarse cantidad liquida aquella derivada de una sentencia judicial que se pueda establecer a través de un mecanismo de integración del título ejecutivo, mediante simples operaciones aritméticas, tras haberse precisado con claridad y precisión, como es el caso, las bases para su liquidación (art. 219.2 LEC), pues en estos casos únicamente hay una mera concreción de los intereses, cuantificables conformes al titulo judicial que los reconoce, sin más. Así las cosas, en línea con el acuerdo adoptado el 23 de noviembre 2010 en Junta de Magistrados del orden civil de esta Audiencia Provincial de Pontevedra, no es necesario acudir al incidente que regula los artículos 712 y sig. LEC , pues se trata de intereses vencidos al presentarse la demanda ejecutiva, que se han calculado de acuerdo con los parámetros del art. 20 LCS , desde el momento en que la sentencia autoriza su devengo y hasta la fecha del dictado de la sentencia en segunda instancia, además de líquidos por las razones que ya hemos expuesto en el precedente, de manera que la cantidad objeto de ejecución solo seria susceptible de impugnarse vía oposición a la ejecución que se despachada, conforme a los art. 556 y sig. LEC , especialmente el ejecutado pudo fundarla en el contenido del art. 558, oposición por pluspetición, si es que la cuantificación de intereses arroja, por ejemplo, una cantidad superior a lo realmente devengado. De manera que resultaría absurdo denegar la ejecución solicitada y remitir a las partes al procedimiento del art. 712 LEC , o que es lo mismo, exigir a las partes iniciar un incidente previo para concretar el importe de los intereses moratorios vencidos, cuando, como hemos apuntado, en la propia ejecución se pueden ventilar los posibles motivos de oposición que el deudor pueda objetar a la liquidación realizada. Consecuencia de lo expuesto se rechaza el recurso y se confirma la resolución de instancia, pues el titulo ejecutivo esgrimido por la ejecutante es suficiente para despachar la ejecución, sin que sea de apreciar infracción de precepto legal alguno de la ley procesal; pues encontrándonos ante un supuesto de liquidación de intereses fijos que derivan de una sentencia firme el artr. 549.5 LEC permite la ejecución en los términos que ha sido practicada, o lo que es lo mismo en los propios términos que autoriza la sentencia firme que se ejecuta”.

La fundamentación jurídica del Auto trascrito es plenamente aplicable al supuesto de litis, y por consiguiente, no cabe estimar este motivo de oposición, entendiendo que la sentencia que condena a una cantidad más los intereses legales constituye título ejecutivo para reclamar los intereses correspondientes, ya vencidos, sin necesidad de acudir al trámite de los arts.712 y ss LEC, y sin que se cause indefensión alguna a la ejecutada, al incluirse en el escrito de demanda ejecutiva, la correspondiente liquidación de intereses cuya ejecución se interesa.


Pluspetición.- La parte ejecutada alega en segundo lugar, como motivo de oposición, pluspetición. Lo que expone la ejecutada en su escrito de oposición sobre esta cuestión es que los intereses a los que fue condenada son los intereses legales, es decir, los del art.576 LEC desde la fecha de la sentencia, y por consiguiente, conforme a la liquidación que presenta, ascenderían a 418,22 euros.

 Como ya se dijo en el fundamento anterior, la parte ejecutante liquida los intereses desde la fecha de la interposición de la demanda de monitorio (25 de octubre de 2012) hasta la fecha de la consignación del principal por la ejecutada (25 de noviembre de 2014).

Sobre esta cuestión debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que cuando la sentencia en el Fallo condena a una determinada cantidad, más los intereses legales, estos son los que corresponden conforme a las leyes, no sólo los intereses procesales del art.576 LEC que corresponden por imperativo legal. Tal y como expone la ejecutante, la liquidación que presenta responde a la liquidación de intereses moratorios por aplicación del art.1108 CC, tratándose estos de intereses legales (previstos legalmente). Sobre la aplicación de estos intereses, cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2013, según la cual: "En este sentido, debe traerse a colación la doctrina de esta Sala, que no considera justificación razonable la que se sustenta en el mero hecho de haber sido fijada definitivamente la deuda objeto de condena en sentencia pues, tras la eliminación del automatismo del brocardo in iliquidis non fit mora [deuda no líquida no genera mora], la no-liquidez no es incompatible con la imposición de intereses, y la discrepancia de las partes sobre la cuantía de la deuda no convierte en necesario el proceso para liquidarla, en la medida que la sentencia que fija el importe debido no tiene carácter constitutivo, limitándose a declarar un derecho que ya entonces pertenecía al perjudicado (SSTS de 1 de febrero de 2011; 9 de marzo de 2011; 26 de mayo de 2011; 18 de octubre de 2011; 15 de diciembre de 2011; 31 de enero de 2012, entre las más recientes)". 

Por tanto, existiendo en la sentencia en ejecución, condena a los intereses legales, aún cuando la cantidad concreta adeudada por la demandada se hubiese determinado en dicha resolución, atendiendo a la escasa consistencia de la oposición, tal y como se deduce del contenido de las Sentencias dictadas, tanto en primera como en segunda instancia, y a la escasa diferencia entre la cantidad inicialmente interesada por la actora y la que fue objeto de condena, se ha de  admitir que el interés legal al que condena la Sentencia respecto del principal, es el interés legal de los arts.1100, 1101 y 1108 del CC. En cuanto al dies a quo del devengo, habrá de estarse a lo que dispone el antes citado art.1100 del CC, y atendiendo a que reclamación se hizo ya en el proceso monitorio, debe tomarse por tanto la fecha de esa demanda, 25 de octubre de 2012, tal y como realiza la parte ejecutante. 

Por todo lo expuesto, se estima correcta la liquidación de intereses efectuada por la ejecutante en su demanda ejecutiva, sin que pueda estimarse la oposición por pluspetición.

miércoles, 1 de julio de 2015

Principio acusatorio

El TC ha establecido que la acusación debe ser previamente formulada y conocida (art. 24.2 CE), con la evidente finalidad de que se puede ejercitar el derecho de defensa (STC 18 de Abril de 1985); debe darse oportunidad para que el acusado presente prueba de descargo sobre la acusación formulada (STC 6 de Febrero de 1984); el sistema acusatorio impone una contienda procesal entre dos partes netamente contrapuestas, acusador y acusado, resuelva por un órgano que se coloca por encima de ellos (STC 7 de Mayo de 1987).

En definitiva: nadie puede ser condenado sin que se formule una acusación previa a la que tenga conocimiento con antelación suficiente para poder defenderse. Además, supone el deber de congruencia entre la acusación y el fallo; y que el debate contradictorio ha de recaer sobre los hechos y sobre su cualificación jurídica.

El principio acusatorio admite y presupone el derecho de defensa del imputado y, en consecuencia, la posibilidad de contestación o rechazo a la acusación: manifestar ante el juez los propios argumentos e indicar los elementos fácticos que constituyen su base y ejercitar una actividad plena en el proceso.

Viene a ser cumplido siempre que en el juicio se de oportunidad al acusado para presentar las pruebas de descargo sobre la acusación “allí” (en el juicio) formulada. El auto de procesamiento tiene como única virtualidad la de dirigir el procedimiento, separar las partes acusadoras de las acusadas y ordenar la adopción de medidas cautelares, sin ningún tipo de vinculación posterior cara al Juicio Oral y en la línea de que en el ese Juicio Oral es donde se produce la auténtica aportación de la prueba y el auténtico debate contradictorio con igualdad de  oportunidades entre las partes, siendo toda la fase sumarial solo de mera preparación de la prueba que se aportará al juicio oral (STS de 5 y 8 de Mayo de 1987).

El principio acusatorio viene a ser el único límite que los Tribunales penales tiene, pues, quienes conforman un Poder, con mayúsculas, han de tener poderes, con minúsculas.

Aún con tales corolarios, se entiende que hasta el dictado de la STC de 25 de Junio de 2009 se daba una confusión en cuanto a la interpretación plena del principio acusatorio en relación al derecho a la defensa así como al derecho a un juez imparcial. Esta resolución del TC viene a resolver en amparo contra dos sentencias cuya base de recurso era la infracción del principio acusatorio al imponerse una pena de mayor gravedad y de distinta naturaleza que la solicitada por el Ministerio Fiscal (pena impuesta que es de distinta naturaleza a la pedida por la acusación); e infracción del deber de motivación de la sentencia dado que no razona tal imposición superior.

La STC 155/2006 de 25 de Junio viene a denunciar que la inaplicación del principio acusatorio supone que se trastoque el papel que cada una de las partes tienen en el juicio, pues si el juez impone una pena mayor, ocupa el lugar del fiscal, conculcando el principio de imparcialidad (objetivo y subjetivo) que ha de presidir en el juzgador. Asimismo, este principio acusatorio está íntimamente relacionado con el derecho a la defensa, pues si no es debidamente informado carecerá de las armas necesarias para su defensa.

El TC con esta resolución ha tratado de avanzar más en la protección de los derechos de defensa del imputado en el proceso penal de forma tal que, por el principio de congruencia ínsito en el principio acusatorio, se sienta doctrina en el sentido de que no se podrá imponer pena que exceda por su gravedad, naturaleza o cuantía, de la pedida por las acusaciones, con independencia del tipo de procedimiento.

Si la contradicción se plantea entre las pretensiones punitivas realmente pedidas por la parte que ejerce la acusación, el juez queda compelido por la misma con independencia de que se pudiera hipotéticamente imponer una pena mayor en su gravedad, naturaleza o cuantía aplicando el tipo penal que se imputa.

Sinopsis, en la segunda mitad de este post, sobre el artículo “Apuntes jurisprudenciales sobre el principio acusatorio y su aplicación por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, de Dña. María José Carazo Liébana, publicado en el nº 14/2014 de Revista de Estudios Jurídicos de la Universidad de Jaén. 

viernes, 29 de mayo de 2015

Sucedió esta semana, amigos…


El abogado apoyó los codos en su mesa y se medio incorporó, para acercarse tanto como pudiera a su cliente, espatarrado en el sillón, la viva imagen física de la insolencia e indolencia cocinadas a fuego lento.

—La demanda de reclamación de cantidad por las lesiones y secuelas que sufriste y sufres a raíz del accidente de tráfico ocurrido en fecha XXXXX está lista; lo que pasa es que el informe médico pericial del Doctor XXXXX, el nuestro, está sin firmar. Tienes que pagarle los XXX € del informe para que me remita una copia del mismo firmado.

—Pues presenta la demanda con el informe sin firmar, así no le pago un céntimo —replicó tan ufano el cliente.

Aquellas palabras surtieron idéntico efecto que si hubieran inyectado ácido en el estómago del abogado.

—Un poquito de respeto por el trabajo de los demás, querido cliente. Cuando trabajas, te gusta que te paguen, ¿no?

lunes, 25 de mayo de 2015

Exceptio non (rite) adimpleti contractus

La Jurisprudencia respecto a la teoría de la exceptio non rite adimpleti contractus establece (Sentencia Audiencia Provincial de Pontevedra 11 de febrero del 2009) que: “La viabilidad de la excepción de incumplimiento contractual exige la concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) que las prestaciones debidas por ambas partes guarden entre sí una mutua dependencia o reciprocidad; 
b) que una de ellas reclame de la otra el cumplimiento de la que le corresponde; 
c) que la parte reclamante no haya cumplido ni ofrecido cumplir la que le incumbe; 
d) que el interpelado no venga obligado a cumplir anticipadamente, 
y e) que la oposición de la excepción no contradiga las exigencias de la buena fe. 

Constituye presupuesto esencial de la exceptio non adimpleti contractus oponible a la acción de cumplimiento contractual que el reclamante no haya cumplido su prestación. Como dice la sentencia de 1 de marzo de 1993 , «en las obligaciones recíprocas, sin cumplir no se pueden exigir las de la contraparte». A la inejecución de la prestación se asimila o equipara, conforme a una reiterada jurisprudencia, de la que son exponente, entre otras muchas, las sentencias de 7 de mayo de 1993, 10 de noviembre de 1994 y 17 de mayo de 1995 , la realización por el actor de una prestación diversa de la comprometida, que comprende tanto los casos de entrega de una cosa distinta de la pactada, como los de inhabilidad de la entregada al fin propio de su destino, con la consiguiente insatisfacción del acreedor.

La excepción de cumplimiento inadecuado o de contrato no cumplido regularmente (excepcio non rite adimpleti contractus) constituye, como se ha visto, una variante de la excepción general de incumplimiento contractual (exceptio non adimpleti contractus), con idéntica apoyatura legal, por la que, como se ha dicho, «cuando el demandante sólo ha cumplido la prestación a su cargo parcialmente o de manera defectuosa, el demandado puede rehusar su propia prestación hasta que la primera haya sido cumplida totalmente o ejecutada de forma rigurosa, rectificando de modo pertinente los defectos que la prestación presentaba». En principio, de la variante non rite no se derivan consecuencias sustantivas y procesales distintas de las que determina la excepción general. En una y otra, la ejecución de la prestación reclamada al demandado queda en suspenso, diferida o condicionada a la total y exacta realización simultánea por parte del actor de la prestación que correlativamente le incumbe. La diferencia entre ambas excepciones radica en sus presupuestos, pues, mientras la exceptio non adimpleti contractus supone que el actor no ha cumplido ni ofrecido su prestación, la non rite adimpleti contractus supone que la ha realizado, pero inexactamente, de manera parcial o defectuosa. La identidad de efectos y diversidad de presupuestos aparece clara en la sentencia de 19 de noviembre de 1994 , cuando señala, en relación al arrendamiento de obra que «el dueño o comitente puede rehusar el pago del precio que se le reclame, tanto si el contratista no le ha hecho entrega o no le pone la obra a su disposición (exceptio non adimpleti contractus), como si solamente ha cumplido en parte o ha tratado de cumplir de un modo defectuoso su obligación de entrega (exceptio non rite adimpleti contractus)». Quizá deba añadirse a ella otra diferencia, en el orden probatorio, entre los casos de inejecución o ejecución incompleta y los de realización defectuosa de la prestación, puesto que, si el demandante corre, en los primeros, con la carga de probar el cumplimiento íntegro que se le cuestiona, es al demandado, en los segundos, a quien incumbe la prueba de las deficiencias o irregularidades que la prestación del actor presenta”.

jueves, 26 de febrero de 2015

¿Un beneficiario de justicia gratuita está obligado al pago de las costas procesales?

SAP Madrid de 18 julio 2007

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita comienza diciendo, en el número 2 del artículo 36, que:"Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita ...". Con lo que se prevé el supuesto de que en la sentencia que ponga fin al proceso se condene al pago de las costas procesales a la parte litigante que hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita . Y esto es así porque, en la sentencia que pone fin al proceso, tiene, en su caso, que imponerse las costas procesales a la parte litigante (demandante o demandado) que corresponda en aplicación de las reglas contenidas en los artículos 394 a 398 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siendo radicalmente indiferente el que esa parte litigante a la que se le imponen las costas tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita , extremo que ni siquiera debe hacerse constar al imponerse las costas .

Al supuesto referido en el inicio del número 2 del artículo 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita ("Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita ") se anuda la siguiente consecuencia jurídica:"... éste -quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita - quedará obligado a pagar... las -costas procesales- de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna...". Lo que ha suscitado la duda acerca de si, ante una sentencia firme que condena a la parte litigante que tenga reconocido su derecho a la asistencia jurídica gratuita al pago de las costas procesales, debe hacerse, por el Secretario del Tribunal, la tasación de costas (artículos 241 a 246 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil EDL) ante la solicitud de la otra parte litigante favorecida con la condena en costas . Duda que ha sido disipada por una constante doctrina jurisprudencial que se basa en la siguiente distinción:

1º. Cuando el condenado en la sentencia al pago de las costas procesales es una persona "que hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita ", tiene que hacerse la tasación de costas (sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 154/2004, de 23 de febrero de 2004 ,; 639/2003, de 18 de junio de 2003  ,; 132/2003, de 11 de febrero de 2003 ,; 303/2002, de 25 de marzo de 2002 ,; 1033/2001, de 30 de octubre de 2001  ,; 363/2000, de 3 de abril de 2000,; 1037/1999 de 23 de noviembre de 1999 ,). Si bien, en este caso, una vez aprobada la tasación de costas , no se procederá, para el cobro del crédito resultante de la misma, a su exacción por la vía de apremio, salvo en el caso de que el condenado al pago de las costas venga a mejor fortuna dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso.

2º. Cuando el condenado en la sentencia al pago de las costas procesales es alguien "que tiene legalmente reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita " ya ni siquiera debe hacerse la tasación de costas (sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 990/2004, de 8 de octubre de 2004 ,; 731/2003, de 9 de julio de 2003,; 420/2002, de 3 de mayo de 2002 ,; 1272/2001, de 27 de diciembre de 2001  ,; 16 de enero de 2001 EDJ 2001/1271 ,; 730/2000, de 18 de julio de 2000,; 746/2000, de 11 de julio de 2000). Así, respecto de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuyo reconocimiento legal del derecho a la justicia gratuita no se funda en la situación patrimonial de la misma, de ahí que no sea de aplicación la previsión del número 2 del artículo 36 de la Ley 1/1996 (venir a mejor fortuna en los tres años siguientes), que, en este caso, deviene inútil, pues nunca vendrá obligado al reintegro económico de las costas de la otra parte litigante, por lo que no debe hacerse la tasación de costas .

jueves, 12 de junio de 2014

Exenciones sobre las condenas en costas

Si le echáis una visual a los artículos 23.2.1, 31.2.1 y 818.2 (éste último para el monitorio) de la LEC 2000, podréis leer que la intervención de procurador y abogado no es preceptiva cuando la cuantía del procedimiento sea inferior a 2.000,00 € (según redacción vigente, porque antes el límite era de 900,00 €), tanto para el monitorio y el Verbal (aunque para la petición inicial de monitorio, nunca lo es)  por lo que, aunque ganéis con condena en costas (porque SSª no se entera), la parte condenada podrá alegar los artículos antes referenciados para daros con un canto en los dientes y vosotros, con lagrimillas en los ojos, seréis testigos de cómo vuestra tasación de costas acaba en la basura.

Pero, ¿hay alguna excepción? A buen seguro que durante la práctica os toparéis con reclamaciones de cuotas de comunidad de propietarios. En la inmensa mayoría, quedarán muy por debajo de ese límite de 2.000,00 € y, de acuerdo con lo anterior, pensaréis que no habrá tasación alguna que hacer…

PUES MUY MAL. En estos casos hay una excepción muy jugosa a la que tendréis que atender:

En el tema de Comunidades, aunque no sea preceptiva la intervención de tales profesionales, se pueden calzar las costas de acuerdo con la doctrina que emana de la SAP Tarragona de 22 de Febrero de 2005, cuyo extracto uno a continuación:

«Ahora bien, debemos significar que el procedimiento en que se solicita la inclusión de honorarios de Letrado y derechos de Procurador, es un procedimiento monitorio regulado en los artículos 812 y siguientes de la L.Enj.Civil, al que se puede acudir para reclamar el pago de derechos que se acrediten a través de certificaciones en concepto de gastos comunes de Comunidades de Propietarios de inmuebles urbanos, estableciéndose en la Disposición Final Primera de la L.Enj.Civil que modifica el art. 21 de la Ley 40/1960 de 21 julio de Propiedad Horizontal en el sentido de que aunque no hubiera sido preceptiva la intervención de Abogado y Procurador en los casos de que en un proceso monitorio se utilizasen los servicios profesionales de abogado y procurador para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad, y puesto que se ha obtenido una sentencia favorable, habiendo existido oposición, se incluirán los honorarios de Abogado y los derechos del Procurador, ello constituye una excepción a lo establecido en el art. 241.1º L.Enj.Civil que considera tales partidas como incluidas en el concepto legal de costas sólo en la medida en que sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador en el proceso y en el art. 32.5 L.Enj.Civil con arreglo al cual cuando la intervención de Abogado y Procurador no es preceptiva se excluirán sus derechos y honorarios de la condena en costas.

El régimen excepcional no acaba aquí, sino que se extiende al declarativo común surgido tras la oposición del deudor. En efecto, como es sabido, en el proceso monitorio, si el deudor formula oposición, se instaura un juicio común, ordinario o verbal. En el Juicio verbal no es preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador cuando su cuantía no exceda de 901,52.-euros (150.000.-ptas.); pues bien, por aplicación de lo establecido en el último inciso del apartado 6 del precepto, cuando el deudor resulta totalmente vencido, deberá incluirse los derechos y honorarios devengados por la intervención de los profesionales, a pesar de no ser preceptiva su intervención.»

Hala, a ser felices.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

¿Es posible una condena en costas a alguien con el beneficio de la justicia gratuita?

Sabiendo que SSªs van a su bola, es más que posible que sí. No hay nada que les impida poner “Se hace expresa condena en costas a…” sin preocuparse de su estado, pero la cosa es que mejor que te vayas olvídando de presentar tasación porque te la van a derribar a la primera.

Alguien con dicho beneficio, al igual que no abona los honorarios de su abogado y procurador por asumirlos la Administración, por supuesto que no va a rascarse los bolsillos en vuestro caso. No tiene obligación.

Fastidia, pero es así.